El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, ante la violación de los legítimos derechos que asisten y posee como ciudadana venezolana, la Diputada MARÍA CORINA MACHADO PARISCA, y que han sido flagrantemente violados, mediante la aplicación de una medida administrativa emanada de la Contraloría General de la República, según Resolución N° 01-00-000398, de fecha 13 de julio de 2015, que la inhabilita para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 12 meses, manifiesta su rechazo y condena; la imposición de esta sanción, cuyos frágiles o inexistentes basamentos jurídicos, éticos y políticos, la hacen arbitraria y cuestionable y por tal razón, el OVDHM se siente en la obligación de pronunciarse sobre la citada decisión:

1. Nuestras observaciones a las custionables bases jurídicas pro­ce­di­men­ta­les de la sanción.
   
   La resolución contiene evidentes y graves vicios procedimentales y de fondo, entre los cuales destacan de manera innegable: a) la falta de tipificación de la conducta que justifica la sanción; b) la ausencia de un procedimiento contradictorio previo que garantice la defensa de la sancionada; c) la ausencia de motivación del acto sancionatorio y, d) la ausencia de criterios explícitos que justifiquen, sobre bases objetivas, la proporcionalidad en la imposición de la inhabilitación, ya que se fija el plazo máximo sin indicación de las causas que lo justifiquen.
   
   Atenta directamente contra derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el ejercicio de los derechos políticos sólo podrá limitarse por condena dictada por un Juez competente en un proceso penal, con lo cual se viola el Art. 23.2 de dicho instrumento regional.
   
   
2. Nuestras observaciones a las violaciones que la sanción implica, respecto a los compromisos contraídos por el Estado venezolano, con Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que ha suscrito en estas materias.
   
   Venezuela es Estado Parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención CEDAW, y los Tratados de DDHH son parte sustantiva de nuestra Constitución en su Artículo 23. La sanción impuesta por el gobierno venezolano contra la Diputada Machado, viola gran parte de lo establecido en ellos y por tanto el Estado venezolano incurrió en incumplimiento de tales compromisos y violación de garantías primarias.
   
   La sanción otorga legalidad espuria a una decisión política arbitraria que busca criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos de los que goza la Diputada Machado, al intentar ejercer la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación, el derecho a la protesta pacífica, a la libertad de manifestación y el derecho a participar en los asuntos políticos de su país, con mayor capacidad jurídica en su caso, por haber sido legalmente electa Diputada a la Asamblea Nacional.
   
   La sanción, dadas las circunstancias arbitrarias que concurren, viola igualmente el art. 7 de la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establece la obligación de tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, que debe garantizar el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas y ejercer en igualdad de condiciones con los hombres los cargos de representación popular.
   
   De igual manera, viola el art. 4 de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), que establece el derecho que tiene toda mujer al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos; entre otros, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
   
   La sanción, hace caso omiso a las Recomendaciones que hizo al Estado venezolano, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, durante las sesiones en las cuales dicho Comité examinó el último informe del país. En las recomendaciones se señaló explícitamente la conveniencia de que el Estado implemente medidas para incrementar la intervención de las mujeres en la vida política y pública, en vista de que la representación femenina en la Asamblea Nacional está por debajo del promedio de la región y el mundo, y sólo pocas mujeres han sido elegidas como gobernadoras y alcaldes.
   
   
2. Nuestras observaciones a las omisiones ético políticas que acompañan la sanción
   
   

   1. Más preocupante que lo señalado, es el hecho de que la violación a los derechos procesales redunda, en la práctica, en la conculcación de un derecho fundamental sobre el que se basa cualquier democracia que se defina como representativa: el de postulación a cargos de elección popular por parte de sus ciudadanos.
      
      
   2. Puede afirmarse, además, que la decisión de la Contraloría General de la República no sólo limita el derecho de la ciudadana MARIA CORINA MACHADO a participar como candidata a las próximas elecciones legislativas nacionales, sino el derecho de miles de venezolanos a escoger libremente a sus representantes.
      
      
   3. No puede hacerse caso omiso o pasarse por alto, el hecho de que dicha ciudadana fue una de las candidatas más votadas en los comicios pasados y que, obviamente, goza de gran popularidad dentro del significativo y numeroso sector de la sociedad que le otorgó su voto libremente, y que vería mermada su representatividad en la Asamblea Nacional.
      
      
   4. También hay que considerar la incidencia política que sobre la sanción han tenido los bochornosos, inaceptables y antidemocráticos antecedentes que han rodeado el ejercicio de sus derechos políticos para Maria Corina Machado. En efecto los hechos de violencia de que ha sido víctima la Diputada, por parte de otras colegas de la Asamblea y por activistas afectas al partido de gobierno tanto dentro del Parlamento como en el desarrollo de sus actividades de calle. Esto dio origen a una decisión igualmente viciada de la autoridad del órgano legislativo, que ordenó su expulsión de la Asamblea Nacional; solo por su condición de líder y dirigente política activa y comprometida, con gran receptividad pública en la oposición democrática.
      
      
   5. Sorprende además que la medida se haya tomado justo unos pocos meses antes de las próximas elecciones parlamentarias y precisamente cuando otros líderes de la oposición se encuentran detenidos bajo dudosas imputaciones, y con las decisiones de inhabilitación en proceso; algunas de las cuales ya se han concretado. Esto pone en tela de juicio la imparcialidad del organismo encargado de velar por la salvaguarda del patrimonio público, del cual habría que esperar, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, total independencia del Poder Ejecutivo y de intereses partidistas.

   
   En este sentido, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres llama la atención al hecho manifiesto de que, cada vez sean menos nítidos los límites entre las distintas ramas del poder público, con una influencia inapropiada del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno en las decisiones de los demás órganos del Estado.
   
   Por las anteriores razones, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres exige al Estado venezolano el cese inmediato de la criminalización de las actividades políticas y cívicas de la Diputada María Corina Machado Parisca, así como el respeto, garantía protección y restablecimiento de sus derechos civiles y políticos; acorde con lo establecido en los instrumentos nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres.
   
   Igualmente, y en uso de nuestros derechos ciudadanos, exhortamos a la Contraloría General de la República a que reconsidere de oficio, su decisión de inhabilitar a la ciudadana MARIA CORINA MACHADO, no sólo para solventar los vicios que dicha decisión contiene, sino para garantizar los derechos políticos y humanos tanto de la ciudadana directamente afectada como de las y los electores venezolanos en general.